Müller R. Pacheco P y Montero JC. 2014*
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Avances e incohrencias dd la posición boliviana en la COP de Cambio Climático.
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Bolivia ha
sido uno de los pocos países que ha asumido una posición crítica con relación a
REDD[1].
Aunque el Gobierno boliviano, junto con una coalición de otros países conocida
como Rainforest Coalition, fue uno de los principales impulsores de una
compensación por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
a través de la deforestación evitada, con el tiempo asumió una posición crítica
frente a los mecanismos de mercado, los cuales fueron privilegiados por el
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas a cargo de la discusión de REDD[2].
Este rechazo a los mercados de carbono fue una de las razones por las que la
representación boliviana no respaldó el proceso de negociaciones durante la COP
16 en Cancún.
Posteriormente,
el Gobierno boliviano elaboró una propuesta alternativa a REDD+, considerando las experiencias en los procesos
de descentralización y autonomía forestal, manejo sustentable de los bosques y
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de otros grupos
tradicionales, mencionadas en la sección 2 de este documento.
La propuesta
parte de las múltiples funciones ambientales de los bosques[3]
y constituye un intento por armonizar las políticas y acciones en el ámbito
local con las del ámbito nacional e internacional. Esto representa una tarea
bastante difícil debido a las contradicciones existentes en las políticas
internas en cuanto al manejo de los recursos naturales y el desarrollo
agrícola, y también porque en el ambiente externo todavía faltan compromisos
sobre reducciones de carbono (Orellana y Pacheco 2012).
Este
capítulo discute la posición boliviana y su tratamiento en los ámbitos
internacional y nacional. Primero presenta el contexto internacional de las
negociaciones sobre REDD+.
Luego se
introduce la evolución de la posición boliviana sobre cambio climático durante el
periodo de los gobiernos neoliberales y se describe la posición boliviana sobre
bosques y cambio climático. Posteriormente analiza las contradicciones de la
postura boliviana sobre REDD+ y se realiza un examen más minucioso de la
propuesta boliviana denominada “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación
para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques”. A continuación se
presenta la posición boliviana en otros ámbitos de negociación relacionados con
los bosques y, por último, se ofrece una
síntesis de las posiciones de los actores.
Contexto
internacional de las negociaciones sobre REDD+
Ya desde el
2001 (Acuerdos de Marrakech), la “deforestación evitada” —que dio inicio a
REDD— fue excluida del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En el 2005 retornó
a la agenda internacional por iniciativa del Coalition for Rainforest
Nations[4],
un grupo de 10 países liderado por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, que exigía
la posibilidad de que los países industrializados recompensen a países con
bosque tropical por una reducción de la deforestación. El término inicial de
“deforestación evitada” se transformó en REDD para incluir la degradación forestal,
y posteriormente en REDD+, contemplando un manejo mejorado de bosques como
medida para evitar emisiones de CO2.
Aunque en el
contexto de las negociaciones internacionales sobre cambio climático no existe un
reconocimiento oficial de la sigla REDD+, su uso se realiza como una
abreviación del Grupo de Trabajo
Especial sobre Cooperación a Largo Plazo
(AWG-LCA por sus siglas en inglés) en lo que se refiere al ítem
1(b)(iii) de la agenda de dicho grupo llamada “Enfoque de políticas e
incentivos positivos en temas relacionados con la reducción de emisiones de
deforestación y degradación forestal en países en desarrollo; y el rol de la
conservación y el manejo sostenible de los bosques y el incremento de los
reservorios de carbono en los países en desarrollo”. El Gobierno boliviano ha
sido bastante activo en sus intentos por lograr la eliminación de la sigla
REDD+ en todas las negociaciones internacionales con el argumento de que este
no constituye un término de común acuerdo entre los países de Naciones Unidas[5].
No existe
una posición única y sólida respecto a los alcances de este grupo de trabajo
(AWG-LCA) con relación a la deforestación, la degradación forestal y la gestión
sustentable de los bosques. El propósito común de las diferentes posiciones es contar
con un procedimiento financiero a través del cual los países desarrollados
recompensen los esfuerzos de los países en desarrollo por reducir las emisiones
provenientes de la deforestación y degradación forestal.
Aunque
existe un importante predominio de las visiones que sugieren la importancia de
contar con mecanismos financieros basados en el desarrollo de un mercado global
de carbono para hacer posibles las transferencias de recursos condicionadas a
resultados concretos, también se ha abierto un espacio para reconocer otros
enfoques, puesto que todavía existen países no alineados con el enfoque de
mercado, o existen posiciones diferenciadas sobre cómo deberían funcionar estos
mecanismos.
Algunos
países, incluyendo a Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos, Australia, Canadá,
Japón y la Unión Europea promueven la consolidación de un mecanismo financiero
que facilite la transferencia de recursos privados como parte de un mecanismo global
de mercado. Para algunos países, este enfoque está orientado al reconocimiento
de compensaciones de reducción por parte de las Naciones Unidas; sin embargo,
no todos los criterios sobre el mercado son similares. Brasil, por ejemplo,
promueve los procesos de mercado pero no apoya la compensación de emisiones en el
marco de estas negociaciones. Los países menos desarrollados, que congregan
fundamentalmente a los países africanos, reconocen los esfuerzos de mitigación
en el marco de los enfoques de mercado pero a su vez insisten en que deben
reconocerse los cobeneficios del carbono. Bolivia, a su vez, ha promovido un
enfoque que no esté basado en los mercados, reconociendo explícitamente los
vínculos entre la mitigación y adaptación al cambio climático.
La discusión
sobre un mercado de carbono para financiar REDD+ tiene que considerar dos
problemas. El primero se refiere a la poca viabilidad de los mercados globales
de carbono, principalmente por la falta de compromisos claros de reducción de
emisiones de los países desarrollados que inhiben la expansión de este mercado,
así como por la crisis de los mercados de carbono existentes[6].
El segundo tiene que ver con las demoras que implica la constitución del nuevo
mecanismo de mercado, que otorgaría la institucionalidad a través de la cual se
realizarían las transacciones de mercado en el marco de REDD+.
En la COP18
de Doha se paralizó la constitución de un mecanismo global de mercado y este
debate todavía continúa. Además de que falta llegar a acuerdos sobre muchos
detalles de un mecanismo REDD+, también es necesario un acuerdo internacional seguidor
del protocolo de Kioto, que constituiría la base para un mecanismo bajo las
Naciones Unidas. Hasta la fecha existen diferentes programas con financiamiento
internacional que apoyan a proyectos piloto y a la preparación de países tropicales
en un posible mecanismo REDD+.
Los más
importantes son el programa de readiness coordinado por el Banco Mundial
a través del FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) así como
el programa UNREDD (ONU-REDD), coordinado por las Naciones Unidas.
Además existe un mercado voluntario e informal muy grande (Ecosystem
Marketplace 2013), donde se venden millones de toneladas de CO2 formalmente reducidas
por proyectos REDD+, especialmente a empresas que buscan mejorar su imagen
ambiental.
Sin embargo,
esos créditos vendidos provienen de diferentes estándares privados, así que no
existe un control oficial y uniforme para asegurar que corresponden reducciones
reales de deforestación. De hecho, en su gran mayoría se refieren a reducciones
esperadas en el futuro.
La posición
boliviana frente al cambio climático durante los gobiernos neoliberales
El año 1995,
se creó el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) con el objetivo de concretar
las obligaciones contraídas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático ratificada en 1994. El PNCC tenía como principales funciones las de desarrollar
los inventarios nacionales de GEI, coordinar los estudios de mitigación de GEI
y de adaptación al cambio climático, así como los programas de educación y
difusión. Asimismo, era responsable de elaborar las comunicaciones nacionales a
la CMNUCC, las cuales por lo general presentan los avances que el país ha
realizado en la implementación de los objetivos de la CMNUCC y explican la
posición boliviana con respecto a las negociaciones internacionales de cambio
climático.
En 1999 se
creó el Consejo Interinstitucional del Cambio Climático, instancia a cargo de discutir
las políticas sobre el cambio climático y aprobar las tareas del PNCC, pero su
vida fue efímera y no se conocen decisiones importantes adoptadas por este
consejo.
Como parte
de la construcción de una estrategia nacional para el mecanismo de desarrollo
limpio (MDL), en julio del 2002 se creó la Oficina de Desarrollo Limpio (ODL)
como brazo operativo del PNCC, la cual asumía el rol de “Autoridad Nacional
Designada” por el Gobierno de Bolivia ante la CMNUCC (DNA por sus siglas en
inglés). En marzo de 2003 se concluyó la elaboración del Inventario Nacional de
GEI para diferentes años entre 1990 y 2000[7],
donde se confirmó que mientras las emisiones de GEI eran relativamente
reducidas en el país, un significativo porcentaje de estas emisiones (>75 %)
provenía de la deforestación.
En 2005
entra en vigor el protocolo de Kioto. Bolivia, a través del Decreto Supremo 28218,
facilita la participación en el MDL que posibilita la generación de
certificados de carbono a través de proyectos de reducción de emisiones (pero con
la exclusión de proyectos de deforestación evitada). En consecuencia, la ODL
promociona la implementación de proyectos MDL en Bolivia.
Cuatro
proyectos llegaron a ser registrados bajo la CMNUCC, y un proyecto logró la
otorgación de créditos de carbono[8].
Aproximadamente una docena de proyectos inició el proceso de registro sin
poderlo terminar antes de que Bolivia dejara de apoyar dicho mecanismo.
Asimismo, la ODL realizó algunos esfuerzos para impulsar la agenda de la deforestación
evitada como parte de la Coalition for Rainforest Nations[9].
La nueva
posición boliviana ante el cambio climático
A partir del
2006, el Gobierno de Evo Morales concibe e implementa una nueva política internacional
sobre cambio climático en el marco de la CMNUCC. En el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) del Gobierno se incluye la adaptación al cambio climático como
una prioridad en las acciones para el desarrollo sostenible, se introducen los
lineamientos para la reducción
de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono y se destaca el rol de
los bosques en la mitigación del cambio climático (Gobierno de Bolivia 2006).
La nueva
posición del Gobierno, fundamentalmente política e ideológica, se articula en
el rechazo a los mercados de carbono y la mercantilización de la naturaleza con
el argumento que el capitalismo constituye una de las causas estructurales que
impulsa el cambio climático. Pero al mismo tiempo, hasta el 2009, se sigue
también en el camino convencional de REDD según la agenda impuesta por los organismos
internacionales, principalmente Banco Mundial y UNREDD (cuadro 15).
A partir de
la COP 14 del año 2008 celebrada en Poznan, Polonia, la posición del Gobierno boliviano
es crítica frente a los mecanismos de mercado asociados con la propuesta REDD,
bajo el argumento de que una mercantilización de la naturaleza atenta contra los
derechos de la misma y, principalmente, los pueblos que dependen de ella,
además de presentar un camino fácil para que los países industrializados se
liberen de sus obligaciones de reducción de emisiones de GEI.
El 28 de
noviembre de 2008, el presidente Evo Morales dirige una carta a la CMNUCC donde
expresa claramente la oposición boliviana a la corriente principal de las
políticas internacionales de cambio climático discutidas en el marco de la
CMNUCC, sentando con ello las bases de los conceptos básicos de la política
boliviana sobre REDD.
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Recuadro
1. Extractos de la Carta del presidente Evo Morales, Poznan-Polonia, noviembre
de 2008
[…] El
“cambio climático” ha colocado a toda la humanidad frente a una gran
disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo y la muerte, o
emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida
[…].
[…]
Mientras no cambiemos el sistema capitalista por un sistema basado en la
complementariedad, la solidaridad y la armonía entre los pueblos y la
naturaleza, las medidas que adoptemos serán paliativos que tendrán un
carácter limitado y precario. Para nosotros, lo que ha fracasado es el
modelo del “vivir mejor”, del desarrollo ilimitado, de la
industrialización sin fronteras, de la modernidad que desprecia la
historia, de la acumulación creciente a costa del otro y de la naturaleza.
Por eso propugnamos el Vivir Bien, en armonía con los otros seres humanos
y con nuestra Madre Tierra.
[…] La
reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de bosques
REDD debe estar basada en un mecanismo de compensación directa de países
desarrollados a países en desarrollo, a través de una implementación
soberana que asegure una participación amplia de comunidades locales y
pueblos indígenas y un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación
transparentes y públicos.
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Aunque durante cierto tiempo existió una posición relativamente contradictoria entre el discurso sobre cambio climático y la política sobre cambio climático por la persistencia de la visión de políticas concebidas dentro de la ODL del PNCC, el año 2009 se transfirió esta oficina a la entidad ambiental competente encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
En la COP 15
de 2009 en Copenhague, Dinamarca, el Gobierno de Bolivia argumenta que las
metas de mitigación de GEI deberían ser más ambiciosas, poniendo un límite al
aumento de la temperatura media global de entre uno y 1,5 grados centígrados y
no de dos grados. Asimismo, se anuncia que Bolivia no ingresaría al mercado de
carbono ni al mecanismo REDD+. Exige, por el contrario, la creación de un fondo
económico de compensación para ayudar a la mitigación de los efectos del cambio
climático en los países más afectados y pobres, con el aporte del 6% del PIB de
las naciones industrializadas. Este fondo, de justicia climática, no debería
estar sujeto a condicionalidades de los países desarrollados.
Es
importante anotar que uno de los elementos centrales que definió la posición
boliviana sobre el cambio climático fue la celebración de la “Cumbre de los
Pueblos Sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra” que tuvo lugar en
abril de 2010 en Tiquipaya-Cochabamba, Bolivia (véase Acuerdo de los Pueblos
2010). En dicho evento, las organizaciones sociales y representantes de
diferentes organizaciones del mundo reafirmaron su posición contra la
mercantilización de la naturaleza y particularmente de la puesta en marcha del
mecanismo denominado como REDD+. Bolivia asume como política pública los
mandatos originados en Tiquipaya para su presentación en las negociaciones
sobre cambio climático. En la declaración final de la conferencia se incluyen
puntos de la carta del presidente de 2008 como, por ejemplo, la demanda de una transferencia
de recursos a países en desarrollo como recompensa de la deuda ecológica. Estos
fondos se exigen de manera directa a favor de los pueblos, naciones y
estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias y campesinas; además
se destaca la importancia del control social forestal por estos grupos y sus
planes de vida integrales y el “Vivir Bien”; también se rechazan los mecanismos
de mercado, incluyendo REDD.[10]
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Recuadro 2. Extracto de la carta
del presidente Evo Morales, Octubre 2010
“…Actualmente,
en las negociaciones de cambio climático todos reconocen que es esencial
evitar la
deforestación
y degradación de los bosques. Sin embargo, para lograrlo, algunos proponen
mercantilizar los bosques con el falso argumento de que sólo se cuida y
conserva aquello que tiene precio y propietario.
[…] Es
fundamental que todos los países del mundo trabajemos juntos para evitar
la deforestación y
degradación
de los bosques y la selva. Es una obligación de los países desarrollados,
y es parte de su deuda climática y ambiental, contribuir económicamente a
la preservación de los bosques, pero NO a través de su mercantilización.
Hay muchas formas de apoyar y financiar a los países en vías de
desarrollo, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que
contribuyen a la preservación de los bosques”.
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En 2010, la
delegación boliviana presenta los puntos centrales de Tiquipaya sobre bosques
en las negociaciones sobre cambio climático de la COP 16 en Cancún, México.
Entre los principales puntos se argumenta que REDD debería incorporar los
siguientes aspectos:
·
Garantizar
los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en el marco de los instrumentos
y normativa internacional.
·
No
concentrarse solamente en la mitigación, sino tratar la adaptación de forma
simultánea cuando se hable de bosques.
·
No
constituir mecanismos de mercado en acciones relacionadas con los bosques.
·
No crear
mecanismos a través de los cuales los países desarrollados puedan evadir la
obligación de reducir emisiones en su propio territorio.
·
No
considerar propuestas que permitan el aprovechamiento forestal industrial o que
involucren actividades de conversión de bosques naturales a plantaciones u
otros usos comerciales o infraestructura, y proyectos que dañen el medio
ambiente o violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
En esa
línea, con relación a las políticas REDD+, la delegación negociadora del
Gobierno boliviano propuso la creación de un mecanismo para detener la
deforestación y degradación al margen de la lógica del mercado de carbono.
La propuesta
boliviana fue eliminada del texto final de negociación del Grupo de Trabajo
AWGLCA, dándose lugar a la puesta en marcha de una propuesta REDD+ fundamentada
en sus bases centrales en el diseño de un mecanismo internacional de mercado
global de carbono, aunque con diferentes versiones de los países en el proceso
de negociación.
En la COP16
de Cancún, México, se dio un paso significativo en el diseño de REDD+ mediante
la aprobación de los principales aspectos metodológicos para su implementación
en el marco de un diseño que tiene como objetivo central la consolidación de un
sistema de transferencias financieras para la reducción de la deforestación, tomando
en cuenta un conjunto de salvaguardas, como las de la integridad ambiental y el
respeto de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras. Bolivia expresó
su rechazo a esta propuesta, pero al final quedó aislada en su posición[11].
Además,
demandó compromisos más ambiciosos de reducción de GEI, y finalmente también rechazó
toda la decisión final como único país presente. En la perspectiva boliviana,
después de la COP de Cancún, las políticas relativas al cambio climático se
orientan a promover el desarrollo de una propuesta propia y alternativa a
REDD+, basada en un concepto combinado de mitigación y adaptación y en el marco
de un enfoque no basado en el mercado. En vez de mantener la oposición fundamental
como en la COP 16, se trabaja para incluir conceptos alternativos dentro de la CMNUCC.
Con la
finalidad de construir una propuesta alternativa se inició una estrategia de
trabajo que se orienta a lo siguiente: 1) incorporar el concepto de la
existencia de diferentes enfoques (más allá del enfoque de mercado) y el
reconocimiento formal dentro del Grupo de Trabajo AWG-LCA de un enfoque no
basado en mecanismos de mercado como parte de sus deliberaciones sobre “enfoque
de políticas e incentivos positivos sobre reducción de emisiones de la
deforestación y degradación forestal en países en desarrollo…” y, en términos
más formales, cuestionar la adopción de la sigla REDD+ como un término oficial
que congregue todos los enfoques, bajo el entendido de que REDD+ se encontraría
sesgado hacia el enfoque únicamente de mercado, y 2) incorporar la necesidad de
constituir un mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo
integral y sustentable de los bosques en el marco del mencionado Grupo de
Trabajo sobre “diversos enfoques incluyendo mercados en los esfuerzos de mitigación…”.
En las
negociaciones de la COP17 en Durban, Sudáfrica, la delegación de Bolivia presenta
oficialmente la propuesta alternativa a REDD+ denominada “Vida sustentable del
bosque”. Esta propuesta considera los siguientes puntos: (i) la no
mercantilización de las funciones ambientales de los bosques, (ii) el
reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, y (iii) la necesidad
de articular la mitigación y adaptación en la relación entre bosques y cambio
climático en el marco del manejo integral y sustentable, promoviendo la
creación de economías sustentables y resilientes respetuosas del clima, que al
mismo tiempo puedan garantizar la reproducción de los medios de vida de las
poblaciones locales avanzando en la erradicación de la pobreza (Estado Plurinacional
de Bolivia 2011).
En la nueva
posición boliviana, que marca una diferencia importante con la anterior,
Bolivia no se opone a la utilización de los mecanismos de mercado para los
países que soberanamente así lo deseen, pero exige que se instituya un balance en
el texto de las negociaciones promoviendo el desarrollo de un enfoque no esté
basado en el mercado.
En la
decisión 2/CP.17 de la CMNUCC de Durban se reconoció que el financiamiento a
países en desarrollo (nuevo, adicional y predecible), en el marco del Grupo de
Trabajo en reducción de la deforestación y degradación forestal, puede provenir
de una variedad de fuentes: públicas, privadas, bilaterales y multilaterales,
incluyendo fuentes alternativas (véase recuadro 4).
Asimismo, se
decidió que puede desarrollarse un enfoque de mercado y de no mercado
(alternativo a los mercados), siendo la base del segundo enfoque la propuesta
de “Vida Sustentable del Bosque” presentada por el Estado Plurinacional de
Bolivia, de acuerdo al detalle que se explica con más detenimiento en el
recuadro 4.
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Recuadro 3. Resumen de la
Propuesta “Vida Sustentable del Bosque”, diciembre de 2011
El
Estado Plurinacional de Bolivia propone la creación de un mecanismo
denominado “Vida Sustentable del Bosque” para coadyuvar en los esfuerzos
locales y globales orientados a mejorar el rol de los bosques y la
población local en su contribución a la mitigación y adaptación al cambio
climático, tomando como base las propuestas existentes de gestión
sostenible del bosque. Este mecanismo está basado en los siguientes
fundamentos: 1) el principio de la “no mercantilización de los bosques”; 2)
el enfoque conceptual del manejo integral y sustentable de los bosques con
resultados conjuntos, tanto en mitigación como en adaptación al cambio
climático; 3) en objetivos de fortalecimiento de los procesos de acción
colectiva y de los valores comunitarios de los propietarios de los bosques
para impulsar la gestión integral y sustentable de los mismos, tomando en
cuenta el respeto de sus derechos así como el cumplimiento de los deberes
del Estado, y 4) en el desarrollo
de nuevos valores globales sostenidos en la complementariedad, confianza y
reconocimiento de los esfuerzos nacionales y locales con relación al
manejo integral y sustentable de los bosques, con efectos en reducción de
emisiones. Esta propuesta se sostiene en visiones sobre gestión integral y
sustentable de bosques promovida por el Gobierno de Evo Morales, pero con
una articulación mucho más explícita a las acciones de cambio climático.
Fuente: Propuesta enviada por el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia a la CMNUCC. Diciembre de 2011.
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Recuadro 4. Decisión sobre
alternativas al mercado de carbono en la COP17 de Durban,
Sudáfrica
El
párrafo 67 de la decisión 2/CP.17 destaca que […] enfoques no basados en
el mercado, tales como los enfoques conjuntos de mitigación
y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques como una
alternativa de no mercado que respalde y fortalezca la
gobernanza, la aplicación de las salvaguardias mencionadas en el párrafo 2
(c-e) del apéndice I de la decisión 1/CP.16, y las múltiples funciones de
los bosques, podrían ser desarrollados”.
Fuente: Decisión 2/CP.17
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Recuadro
5. Decisiones con relación a la propuesta boliviana de la COP18 de Doha
Enfoques
de política e incentivos positivos en asuntos relacionados a la reducción
de emisiones de
deforestación
y degradación forestal en países en desarrollo.
39.
Solicita al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(SBSTA por sus siglas en inglés), en su sesión 38, considerar enfoques no
basados en el mercado, como el Mecanismo Conjunto de Mitigación y
Adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques, referido
en la decisión 2/CP.17, parágrafo 67, que podría ser desarrollado para
apoyar la implementación de actividades referidas a la decisión 1/CP.16,
parágrafo 70, y reportar en esta materia a la Conferencia de las Partes en
su sesión decimonovena.
Varios
enfoques, incluyendo oportunidades para usar mercados, para incrementar el
costo-efectividad y promover acciones de mitigación, tomando en cuenta
circunstancias diferenciadas de países desarrollados y en desarrollo.
47.
Solicita al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(SBSTA por sus siglas en inglés),implementar un programa de trabajo para elaborar
enfoques no basados en el mercado, en la perspectiva de recomendar una
decisión borrador a la Conferencia de las Partes para su adopción en su
sesión decimonovena.
Fuente: Tomado de la decisión
borrador -/CP.18, CMNUCC, Doha.
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En la COP18
realizada en Doha, Qatar, la delegación de Bolivia desarrolló una estrategia para
la defensa del Mecanismo Conjunto con una doble perspectiva: como un enfoque y
como un mecanismo. En primer lugar, en el Grupo de Trabajo sobre “enfoques de
política e incentivos positivos relacionados con la deforestación y degradación
forestal […]”, se ha impulsado el reconocimiento y el desarrollo del enfoque conjunto
de mitigación y adaptación como uno de varios enfoques para avanzar en la
reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación forestal.
Igualmente, se ha insistido en que no se debe usar la sigla REDD+ en la decisión
oficial porque esto tiene connotaciones que no son reconocidas por el Estado
Plurinacional de Bolivia. Asimismo, en el Grupo de Trabajo sobre “varios
enfoques, incluyendo oportunidades para usar mercados, para incrementar el
costo efectividad y promover acciones de mitigación […]” se ha propuesto
iniciar un programa de trabajo para desarrollar mecanismos no basados en los
mercados, habiéndose creado un escenario específico para discutir el Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de
los Bosques.
Contradicciones iniciales
en la propuesta boliviana
Aunque se ha escrito poco al respecto, usualmente se ha
considerado que la posición boliviana frente a REDD+ ha sido contradictoria.
Por una parte, la delegación boliviana realizaba una severa crítica a REDD+ en
el ámbito internacional y, por otra, se suscribía un convenio con Naciones
Unidas para implementar los programas de Naciones Unidas sobre REDD en Bolivia.
Como ya se mencionó anteriormente, Bolivia estuvo entre los primeros países que
promovieron el mecanismo REDD y acompañó cercanamente la agenda de las instituciones
internacionales en los primeros años de la formulación de este mecanismo. Luego
se produjo una ruptura con estas posiciones descritas anteriormente, y la
posición internacional cambió drásticamente mientras que la agenda interna no
la acompañó al mismo ritmo. Esta situación ha cambiado gradualmente con el
tiempo. La primera fuente de recursos de apoyo más importante para la
implementación de actividades REDD en Bolivia fue gestionada por la ODL del
PNCC a través del Forest Carbon Partnership Facility del Banco Mundial. Bolivia
fue uno de los primeros países en participar en este programa[12].
Para este fin, en 2007, bajo el liderazgo de la ODL, se
conforman el “Comité Técnico” y el “Comité Político” con el objetivo de
elaborar la nota de concepto para la preparación a REDD (Readiness Plan Idea
Note, R-PIN). El R-PIN, con un presupuesto aproximado de USD 6 millones fue
pre-aprobado por el FCPF en 2008. Sin embargo, nunca se avanzó en su aprobación
oficial debido a los giros posteriores que asumió la posición boliviana con
respecto a la puesta en marcha del mecanismo REDD+, que dificultó la
negociación para la transferencia de estos recursos.
Asimismo, Bolivia estuvo entre los primeros países en
recibir apoyo del programa UNREDD[13].
En 2010, se aprobó un presupuesto de USD 4,7 millones para un paquete de
actividades preparativas a REDD[14],
con los objetivos de fortalecer instituciones gubernamentales para implementar
actividades REDD+, monitorear y estimar reservorios de carbono en bosques,
mejorar la capacidad de la sociedad civil para implementar actividades REDD+ y
generar experiencias piloto de REDD+ a nivel local. Cabe mencionar que la
solicitud del Gobierno boliviano para apoyo en la implementación de REDD al
programa UNREDD fue resultado del impulso inicial de la ODL del PNCC a fin de
contar con programas de compensación por deforestación reducida.
No obstante, esta posición entraría luego en
contradicción con la posición oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores,
que articula la posición oficial ante la CMNUCC.La ausencia de una posición
unitaria en la agenda nacional e internacional por parte del Gobierno boliviano
estimuló la aparición de una diversidad de experiencias en el marco de las
iniciativas REDD+ en Bolivia, creándose contradicciones entre diferentes
reparticiones del órgano ejecutivo.
Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores promovía
un proceso de crítica aguda a REDD+ en su conjunto por basarse en un enfoque de
mercado, en el Viceministerio de Medio Ambiente que cobijaba al PNCC se fue
gestando una posición más pragmática que entendía que REDD+ podía contener un
enfoque de mercado y un enfoque no basado en el mismo. Por ello, dentro de esa
lógica, la promoción de un Programa Nacional REDD+ no era contrario a la
posición internacional asumida por el Gobierno de Bolivia en el marco de la
CMNUCC. Además, la agencia de Naciones Unidas en Bolivia desarrolló una activa
campaña para que el Gobierno acepte la implementación del Programa Nacional
UNREDD y ponga en marcha el programa que estaba siendo negociado para apoyar
las acciones REDD+ en Bolivia.
Como un paso para dilucidar esas visiones
contradictorias, el Viceministerio de Medio Ambiente del Ministerio de Medio
Ambiente y Aguas promovió la elaboración de la “Estrategia Nacional de Bosques
y Cambio Climático” (2010), mencionada anteriormente, bajo la coordinación del
PNCC. En esta estrategia se reconocen los criterios más pragmáticos de la
posición de este viceministerio con respecto a las acciones de Deforestación y degradación de
los bosques pero en un contexto donde se critican las bases sustantivas en que
se formula el mecanismo REDD+.
Además, se
introduce el reconocimiento del pago de la deuda climática, la importancia del
manejo integral y sustentable de los bosques con énfasis en el gobierno
comunitario de los bosques y un rechazo explícito a los mercados de carbono
(Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2010).
Es
importante anotar que en el contexto de las incertidumbres generadas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Ministerio de Relaciones Exteriores
surgieron en Bolivia diferentes iniciativas para poner en práctica iniciativas
subnacionales como experiencias piloto de REDD+, sobre todo promovidas por ONG.
Entre estas
iniciativas cabe destacar las siguientes:
• El Plan de
Acción Climática en el Parque Noel Kempff Mercado. Iniciado ya en la década de
1990, es visto como una de las primeras iniciativas piloto REDD a nivel
internacional (Robertson y Wunder 2005). Se logró la venta de bonos de carbono
informales a empresas norteamericanas, por la ampliación del parque nacional y
la suspensión de concesiones forestales, pagando una compensación a las empresas
madereras correspondientes. El proyecto fue visto como referencia pionera para REDD,
aunque también muestra las posibles debilidades de proyectos REDD (Müller
2011): no fue posible excluir de manera contundente que las operaciones
forestales no fueran desplazadas a otras áreas (problema de fugas de carbono o leakage).
Finalmente se mostró en el capítulo 1 que la extracción forestal sostenible también
puede ser una forma de conservar el bosque, así que no presenta una amenaza prioritaria.
• La
iniciativa promovida por el Gobierno de Alemania con el PNCC en 2009. Define criterios
de selección de municipios para el establecimiento de proyectos piloto de compensaciones
(San Ignacio de Moxos de Beni, San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, el
Municipio de Ixiamas de La Paz y Bella Flor de Pando).
•
Conservación y Manejo Sostenible Estratégico del Recurso Bosque (COMSERBO).
Programa promovido por la Gobernación de Pando y en el municipio San Ignacio de
Velasco de la Chiquitanía con el apoyo de ONG internacionales como The Nature
Conservancy (TNC, por sus siglas en inglés) y Conservación Internacional, que
implementan mecanismos de pagos por conservación de bosques[15].
• El
Programa REDD indígena o REDD Amazonia[16],
con el apoyo de Fundación Amigos de la Naturaleza y financiamiento de la
Fundación Moore en convenio con organizaciones indígenas, entre ellas la
Central Indígena de la Región Amazónica Boliviana (CIRABO) y la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).[17]
• Otras
experiencias puntuales de compensación por servicios ambientales, que aunque no
constituyen experiencias piloto de REDD+ están relacionadas, como la apoyada
por Fundación Natura en Los Negros (valles de Santa Cruz, Asquith et al. 2008),
donde pobladores que usan aguas cuenca abajo compensan en especie con cajas de
abeja y alambrado a pobladores en las cabeceras de valle por la conservación de
bosques.
El Gobierno
de Bolivia firma en octubre del año 2010 el Programa Nacional UNREDD con un pie
de página que establecía que se pondría en marcha el programa REDD+ con un
enfoque no basado en el mercado, aunque se mantenían los objetivos iniciales
del programa que eran la preparación institucional para la implementación de
acciones REDD+ en el país. Esto creó bastante confusión y fue la razón de las
diversas voces que identificaron contradicciones en la posición boliviana. No obstante,
debido a que la posición boliviana con relación a REDD+ se clarifica en la
Conferencia de la COP16 como una crítica abierta al enfoque de mercado que
estaba siendo adoptado por REDD+ en el ámbito internacional, en Bolivia se
paraliza la implementación de este convenio desde su inicio. Asimismo, se
paraliza la participación del Gobierno boliviano en el programa preparativo de
REDD (readiness) del FCPF del Banco Mundial. Un aspecto curioso y
difícil de explicar, sin embargo, son las razones que llevaron a la suscripción
del convenio con UNREDD en un escenario de crítica al esquema REDD.
Estas
contradicciones se atenuaron, de alguna manera, con la presentación oficial de
la propuesta boliviana de “Vida Sustentable del Bosque”, que daría nacimiento a
la propuesta del “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo
Integral y Sustentable del Bosque”, como se explica más adelante. En este
contexto, se paraliza totalmente la implementación del Programa Nacional
UNREDD. Sobre este particular, mediante nota enviada en marzo de 2012, el
ministro de Medio Ambiente y Aguas, solicita a la Junta Normativa de UNREDD el redireccionamiento
de los fondos del mencionado Programa UNREDD Bolivia para apoyar el diseño e
implementación del Mecanismo Nacional de Mitigación y Adaptación para el Manejo
Integral y Sustentable de los Bosques adoptado por el Gobierno. La Junta
Normativa decidió enviar a Bolivia una Misión de Alto Nivel para evaluar la propuesta
en junio de 2012. En esta misión se concluye que el Mecanismo Conjunto
propuesto debería ser formalmente asumido por el Gobierno de Bolivia.
En octubre
de 2012, el Gobierno de Bolivia participa en la Junta Normativa del Programa UNREDD
en la que solicita que los recursos del programa sean transferidos para el financiamiento
de las actividades de mitigación en el marco del diseño e implementación del
Mecanismo Conjunto, teniendo en cuenta que se trata un enfoque que no está
basado en el mercado.
La Decisión de la Junta Normativa es la
siguiente:
“La Junta
solicita a Bolivia que priorice las actividades dentro del documento del
Programa Nacional aprobado que contribuyen al Mecanismo de Bolivia de
Mitigación y Adaptación para elManejo Integral y Sustentable de los Bosques” (UNREDD
2012). De este modo, el Programa Nacional UNREDD se reconoce como una fuente, entre
otras, para el financiamiento del Mecanismo Conjunto. En esta dirección, el
Gobierno de Bolivia ha insistido en que el financiamiento por parte del
Programa REDD al Mecanismo Conjunto no implica la aceptación de Bolivia del mecanismo
REDD+. Recientemente, se acordó que los recursos UNREDD se usarán para
establecer un sistema de monitoreo de cambio de uso de suelo.
La Ley de la
Madre Tierra y el Mecanismo Conjunto
La Ley No.
300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien[18],
aprobada en 2012, tiene la intención de armonizar la posición internacional
boliviana con la agenda del ámbito nacional. Uno de los aspectos centrales de
la ley es la construcción de un nuevo enfoque productivo basado en la creación
y fortalecimiento de “sistemas productivos sustentables”. Esto tiene como objetivo
promover la protección de las funciones ambientales de los sistemas de vida, el
logro de la soberanía alimentaria sin aumentar las presiones sobre los bosques
y la restauración de los sistemas de vida deteriorados por la actividad
agropecuaria industrial. También se otorgan derechos a la madre tierra como
sujeto de interés público.
Entre otras
cosas, la Ley de la Madre Tierra prohíbe de manera absoluta la conversión de uso
de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal (título
3, 25.4). Además se decide reclasificar el uso del suelo para evitar la
ampliación de la frontera agrícola (título 3, 1.16). Sin embargo, en otra parte
se habla de “minimizar” el avance de la frontera agrícola, no de evitar su
expansión (Título 3, 24.2 Empero).
Es
discutible cuántas de estas intenciones se harán realidad, frente a la
aprobación de otras leyes que contradicen estos postulados. La Ley 337 de Apoyo
a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, aprobada a principios de
2013, tiene como objetivo implícito el promover la ampliación de la frontera
agrícola.
Con la
finalidad de aplicar el enfoque propugnado en la Ley Madre Tierra, se planifica
la creación de una nueva institucionalidad estratégica con el nombre de
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, APMT (artículo 53, Ley Madre
Tierra) para promover las interacciones entre los procesos de gestión
territorial, manejo de bosques y sistemas productivos agropecuarios. La APMT
fue creada mediante DS. 1696 en agosto de 2013.
Esta entidad
opera a su vez diferentes mecanismos de mitigación y adaptación, entre los que
se incluye el “Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra” (artículo 54, Ley Madre Tierra).
En el enfoque de esta Ley, los esfuerzos
de mitigación y adaptación al cambio climático, dentro de una perspectiva de
integralidad y sustentabilidad, serían los catalizadores para aplicar esta
nueva visión.
Pacheco
(2013) presenta una explicación de los fundamentos conceptuales de este
mecanismo. Según la propuesta elaborada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Gobierno de Bolivia (2012), el Mecanismo Conjunto se
constituiría en una red de articulación y coordinación de entidades públicas,
comunitarias, y privadas. De acuerdo a lo estipulado en la Ley Madre Tierra, debería
permitir el desarrollo de una multiplicidad
de procesos,
entre los que destacan los siguientes:
• Políticos:
establecen la articulación estratégica entre el nivel central del Estado con
las entidades territoriales autónomas y otras organizaciones sociales,
asociativas y privadas para el cumplimiento de los resultados previstos en el
manejo integral y sustentable de los
bosques y la
Madre Tierra.
•
Técnico-metodológicos: concebidos como parte de los criterios operativos y
metodológicos de intervención para el manejo integral y sustentable de los
bosques y la Madre Tierra.
•
Funcional-operativos: promueven procesos operativos de articulación entre las
agencias estatales para la implementación de políticas públicas, comunitarias y
privadas de acuerdo a sus roles y competencias institucionales definidas en el
marco legal vigente para el mejor alcance de los resultados previstos en el manejo
integral y sustentable de los bosques y la Madre Tierra.
•
Financieros: el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación transfiere a las entidades
públicas, comunitarias y privadas, que se constituyen en las unidades de implementación
del mecanismo, recursos financieros condicionados al cumplimiento de
indicadores conjuntos de mitigación y adaptación.
___________________________________________________________________________________
Recuadro 6. El Mecanismo Conjunto de Mitigación y
Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra
La Ley Marco de Madre Tierra constituye
el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, el cual es operado por la
Autoridad Plurinacional dela Madre Tierra.
Las principales características de este
mecanismo son las siguientes:
1.
El mecanismo tiene el objetivo de
promover el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de los bosques y
los sistemas de vida de la Madre Tierra, la conservación, protección y
restauración de los sistemas de vida, de la biodiversidad y las funciones
ambientales, facilitando usos más óptimos del suelo a través del desarrollo de
sistemas productivos sustentables, incluyendo agropecuarios y forestales, para
enfrentar las causas y reducir la deforestación y degradación forestal, en un
contexto de mitigación y adaptación al cambio climático.
2.
Está basado en la no mercantilización
de las funciones ambientales de la Madre Tierra, en el manejo integral y
sustentable, en la multifuncionalidad de los bosques y sistemas de vida de la
Madre Tierra, y en el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.
3.
Está orientado a fortalecer los medios
de vida sustentables de las poblaciones locales y de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, comunidades intraculturales e interculturales y
afrobolivianas, en áreas de bosque o zonas de vida con aptitud forestal, en un
contexto de mitigación y adaptación al cambio climático.
Fuente:
Artículo 54, parágrafo I. Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo
Integral para Vivir Bien.
|
Para la
operación del Mecanismo Conjunto se ha establecido un proceso de adscripción de
iniciativas de manejo integral y sustentable al mismo. Este proceso consiste en
el registro, evaluación, acompañamiento y certificación de iniciativas de
manejo integral y sustentable de los bosques y de la Madre Tierra a través del
Mecanismo Conjunto con un enfoque de mitigación y adaptación al cambio
climático (Ministerio de Relaciones Exteriores 2012). De acuerdo a la misma
fuente, el Mecanismo Conjunto tendría que operar en el marco de un proceso
articulado de las diferentes agencias públicas del nivel central del Estado y
de las entidades territoriales autónomas, en función a resultados conjuntos de
mitigación y adaptación al cambio climático identificados localmente con un
enfoque territorial (recuadro 7).
El primer
paso en la implementación del Mecanismo Conjunto es la definición de los llamados
Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierras (PGIBT), que en una primera
instancia se van a elaborar para comunidades campesinas indígena originarias
interculturales y afrobolivianas.
Mediante los
PGIBT, las comunidades planificarán el uso del suelo desde una perspectiva
local, lo que ofrece la oportunidad de llegar a resultados realistas con
apropiación de los actores que los pondrán en práctica. Sin embargo, no queda
claro todavía de qué manera esas iniciativas locales se compatibilizarán con
una planificación a nivel nacional. La ley 337 permite la conversión de un 20%
de las tierras forestales en tenencia colectiva[19]
a sistemas agroforestales. Los PGIBT también están pensados para unidades
administrativas en niveles superiores como municipios. A mediano plazo también
se piensa reemplazar las concesiones forestales por PGIBT.
Para la
implementación del Mecanismo Conjunto, la ABT tendrá un rol clave como
institución fiscalizadora. También será crucial el rol del INIAF (Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), que tendrá a su cargo la tarea
de coordinar el apoyo técnico que se brindará a actores locales. Una de las responsabilidades
de la APMT será la de asegurar la coordinación institucional, tarea bastante
difícil sin duda alguna.
Las
perspectivas de los diferentes actores sobre REDD+
Bolivia se
posicionó entre los primeros países en promover un mecanismo REDD cuando este
apareció en la agenda internacional, en coordinación con agencias
internacionales de cooperación, particularmente el Banco Mundial y Naciones
Unidas. Esta posición emergió desde el PNCC que mantenía las visiones previas
al Gobierno del MAS, alineadas con la perspectiva internacional. No obstante,
entró en contradicción con las posiciones más críticas surgidas desde la propia
Presidencia de la República y el equipo técnico del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Esta posición se impuso y fue compartida por los resultados de la
Cumbre de los Pueblos, que estableció una crítica abierta a los mecanismos de mercado
adoptados por REDD+.
En Bolivia,
el enfoque REDD fue abiertamente promocionado por algunas ONG nacionales de
corte conservacionista, como la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y otras
ONG internacionales de conservación como TNC y CI. También existió un fuerte
impulso por parte de los programas promovidos por organizaciones internacionales,
principalmente por la cooperación alemana, el FCPF del Banco Mundial y después UNREDD,
quienes constituyeron los actores principales impulsores de REDD. Gradualmente,
otros actores de la sociedad civil se incluyeron en estas negociaciones, como
la CIDOB, representando a los grupos indígenas de las tierras bajas, quienes
luego serían parte del proyecto piloto “REDD Amazonia” de FAN.
Otros
actores estuvieron poco presentes en la primera fase de las discusiones sobre
REDD+ en Bolivia, incluyendo autoridades del Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad y Cambio Climático (2007 al 2010), quienes luego promovieron una
línea de REDD sin mercado.
Sin embargo,
la crítica a REDD+ como un mecanismo de mercado se hizo más fuerte desde la
propia Presidencia de la República de Bolivia, promoviéndose la constitución de
un mecanismo alternativo a REDD+ en un enfoque que no esté basado en los
mercados.
Se han
presentado discrepancias entre las organizaciones sociales sobre REDD+.
Mientras que en cierto momento la CIDOB asumió posiciones críticas, en otro momento
esta organización asumió una posición favorable a la promoción y constitución
de acciones REDD en Bolivia, como lo confirman las resoluciones de la III
Comisión Nacional llevada a cabo en junio de 2011: “Se autoriza a la CIDOB y a
las regionales a suscribir convenios con el Banco Mundial y otros organismos
internacionales para financiar distintos programas REDD y otros asociados a los
servicios ambientales” (CIDOB 2011). Por otra parte, las organizaciones
campesinas originarias e indígenas articuladas en la CSUTCB, CSCIBBS y
CNMCIOB-BS rechazaron REDD en un comunicado público del año 2011: “Los países desarrollados
tienen que reducir sus emisiones en su territorio y no a través del mecanismo
de REDD y el mercado de carbono. La fuente de financiamiento para REDD no puede
venir del mercado de carbono.
Las
políticas de REDD no definen beneficios como la verdadera conservación.
Rechazamos la mercantilización de los bosques y de las selvas. El bosque y
selva no es solamente sumidero de carbono. Es el mantenimiento de la biodiversidad.
La reforestación por las empresas con un sentido comercial no debe ser incluido
en el mecanismo de REDD” (Pacto de Unidad 2011).
No obstante,
una vez que el Gobierno de Bolivia definió una posición sobre el mecanismo alternativo
a REDD+, el CIDOB manifestó que a pesar de las diferencias sobre temas
coyunturales, esa organización tenía la apertura y voluntad para trabajar en
propuestas conjuntas con el Gobierno central (CIDOB 2012). El Gobierno de Bolivia
ha convocado a diversas ONG de conservación y desarrollo para conformar un
equipo técnico de apoyo al Mecanismo Conjunto. A pesar de que el Mecanismo
Conjunto tiene categoría de ley, su aprobación ha contado con poco apoyo de
algunos sectores públicos, privados y comunitarios. Asimismo, todavía no han
surgido posiciones claras sobre esta propuesta, en un ambiente bastante marcado
por visiones a favor o en contra del mecanismo REDD+. Falta esperar la puesta
en práctica del Mecanismo Conjunto puesto que aunque se han definido los
ámbitos en los que va a apoyar, tal como se menciona en el recuadro 7 (véase
DS. 1696, Art. 13, II), aún no es muy explícito en cuanto a los procedimientos a
través de los cuales se van a implementar esos diferentes procesos. Es
importante anotar que la mayor virtud del Mecanismo Conjunto ha sido posiblemente
crear un espacio dentro del gobierno de Bolivia para discutir de forma más
positiva temas de gestión de tierras y bosques dentro de una perspectiva más
amplia de mitigación y adaptación al cambio climático, y ofrecer un espacio de
debate a las organizaciones sociales y ONG en un marco institucional de
colaboración en diferentes escalas.
[1] REDD significa “Reducción de Emisiones de
Deforestación y Degradación Forestal”. Se refiere a la propuesta discutida en
el marco de la CMNUCC que ha vinculado la deforestación de bosques tropicales
con el cambio climático.
[2] Es el denominado “Ad Hoc Working
Group on Longterm Cooperative Action, AWG-LCA” o Grupo de Trabajo Especial
sobre Cooperación a Largo Plazo.
[3] El Estado Plurinacional de
Bolivia propuso considerar la incorporación de las múltiples funciones
ambientales en el monitoreo, reporte y verificación en la discusión del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBST 37) en Doha.
[4] Al respecto véase
http://news.mongabay.com/2005/1127-rainforests.html.
[5] Por ejemplo, este el caso en
relación a los documentos “El futuro que queremos” de Rio+20 (junio de 2012) y
de las decisiones de la COP 11 de la Convención sobre Diversidad Biológica
realizada en Hyderabad, India (octubre de 2012), donde el Estado Plurinacional
de Bolivia solicitó se omita la sigla de REDD. Asimismo, en febrero de 2013, el
Gobierno de Bolivia presentó un borrador de decisión en la reunión del Consejo
de Gobierno del PNUMA y Primer Foro de Ministros de Medio Ambiente, solicitando
el cambio de denominación del programa UNREDD porque no sería una designación
acordada entre todos los países de Naciones Unidas.
[6][6] El precio de los certificados
del MDL (“CER”) cayó a menos de 1 EUR en 2012 (www.pointcarbon.com).
[7].www.mmaya.gob.bo/webpncc/RED%20DE%20INVESTIGACION/PRESENT.%20INVEST.NACIONAL/
5Inventarios%20Bolivia%201990%20-%20 2000%20.pdf
[8] Véase http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html Una hidroeléctrica en el río
Taquesi hasta ahora generó 1,4 millones de certificados de CO2 (llamados CER).
[10] “[…] los mecanismos de
mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación
y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la
soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e
informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos,
usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza” (declaración
oficial de la Cumbre de los Pueblos sobreCambio Climático (abril 2010).
[11] Sobre este particular cf. The
Economist. “The UN climate conference achieved some results, albeit
modestones”, 16 de diciembre de 2010. http://www.economist.com/ node/17730564
[13] El programa UNREDD (ONU-REDD)
es una iniciativa de tres agencias de las Naciones Unidas (FAO, PNUD y PNUMA)
lanzada en septiembre de 2008 para ayudar a los países en desarrollo a preparar
y aplicar estrategias nacionales REDD +.
[14] Cf.
www.un-redd.org/Newsletter7_PB4_Countries_Reactions/tabid/3924/language/en-US/Default.aspx
[15] http://espanol.tnc.org/dondetrabajamos/bolivia/descubre/comserbo.html
[17] La CIDOB, en la III Comisión
Nacional llevada a cabo en junio de 2011 decidió respaldar REDD+ y se determina
autorizar a la CIDOB y sus regionales a suscribir convenios con el Banco
Mundial y otros organismos internacionales para financiar distintos programas
REDD y otros asociados a los servicios ambientales.
[18] Contenido en: www.la-razon.com/sociedad/
MARCO-TIERRA-DESARROLLO-INTEGRALVIVIR_ 0_1706229409.html
[19] Que pertenecen a poblaciones
indígena originario campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales.
* El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia:Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. Bogor, Indonesia : CIFOR
